“... no es de la violación de las reglas sino de su aplicación a ultranza de
donde surgirán la torsión y el desvío, de la rigurosa vigilancia de una
completa rectitud, de la custodia inflexible de una normalidad total y atroz”
(sinopsis del largometraje La mirada invisible)
No será a través de preceptores/as como los retratados en la película de Diego Lerman ni estamos bajo dictadura militar, pero la vocación por espiar resiste la temporalidad democrática y encuentra en la tecnología puesta al servicio de fisgones estatales y privados la oportunidad de realización y negocio, al amparo del silencio de los siempre dispuestos a ofrendar libertades, derechos y garantías en el altar de la supuesta “seguridad”.
Así, como informó
Página/12 el miércoles último,
un centenar de escuelas porteñas (junto con otras dependencias e, incluso, ex Centros Clandestinos de Detención) han sido seleccionadas como “objetivos” por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ser vigiladas “física y electrónicamente” por empresas de seguridad privada adjudicatarias de una licitación por casi quinientos millones de pesos ($ 500.000.000), los que, desagregados por los cuatro años del período concesionado, representan, por ejemplo, el presupuesto total asignado al pago de las becas estudiantiles y quintuplica el (por cierto magro y retaceado) que se destina a las cooperadoras escolares.
El “servicio” de seguridad privada en establecimientos educativos no constituye una novedad ni se inicia con la actual administración. Sin embargo, la decisión de instalar en escuelas videocámaras con capacidad de grabar imágenes en tiempo real, almacenarlas por 30 días y ser monitoreadas a través de circuitos cerrados de televisión por empresas concesionarias y funcionarios autorizados importa la institucionalización del sistema de vigilancia electrónica diseminado hasta el momento en lugares públicos y nos impele a advertir acerca de los potenciales riesgos en cuanto a exposición e intromisión en la intimidad y la privacidad de los miembros de las comunidades educativas, principalmente sus niños, niñas y adolescentes.
La medida se resignifica al exhibir el gobierno porteño los oprobiosos antecedentes de contratación de un agente de inteligencia en el ámbito del Ministerio de Educación, el espionaje investigado judicialmente a legisladores opositores y dirigentes sociales, el “instructivo” elaborado por el director general de Educación actualmente en funciones instando a las autoridades de los colegios secundarios a denunciar ante la comisaría del barrio a los estudiantes que tomen establecimientos, y el convenio recientemente aprobado por el cual se autoriza la cesión a los medios de comunicación audiovisual de las imágenes que se transmiten a través del Centro de Monitoreo Urbano.
En ese contexto, se observa por demás insuficiente que se haya informado que las cámaras estarán desactivadas durante el horario de clases.
Es necesario, por lo tanto, confrontar la información oficial mediante auditorías externas y control parlamentario, a fin de evaluar características e implicancias del sistema que se proyecta instalar.
Los funcionarios a cargo de la ejecución de esta política no informaron acerca de los espacios físicos donde serán ubicadas las cámaras, ni los recaudos previstos a fin de garantizar la confidencialidad de las imágenes monitoreadas. Tampoco explicitaron los criterios ni fundamentaron los motivos por los cuales se seleccionaron determinadas escuelas y no otras de un mismo Distrito Escolar.
Ante situaciones de posible afectación de derechos a partir de la implementación del nuevo dispositivo de control electrónico y sus derivaciones en el ámbito escolar, la falta de información a los establecimientos incorporados y el silencio del Ministerio de Educación de la Ciudad no hacen más que confirmar prevenciones.
En este sentido, el inminente despliegue de videocámaras escolares interpela a todos los sectores comprometidos con la defensa de los derechos y las libertades públicas y nos convoca a cuestionar esta medida antes de que se naturalice también en el campo educativo la mirada invisible del Gran Hermano.
El Gran Hermano llega a las escuelas porteñasEl Gobierno de la Ciudad adjudicó, a través de una licitación pública, el servicio de seguridad privada mediante la instalación de alarmas y cámaras de video en 330 edificios de la administración porteña, entre ellas 90 escuelas y jardines de infantes de gestión pública. La vigilancia también alcanza a tres ex centros clandestinos de detención, donde hoy funcionan espacios para la memoria. La licitación, que incluye también la presencia de personal de vigilancia, ya está siendo investigada por la Defensoría del Pueblo, sobre todo en lo que respecta a la instalación de cámaras en establecimientos escolares. El contrato será por cuatro años y representará para la Ciudad un gasto de medio millón de pesos.
Las cámaras instaladas en los edificios se suman a las que ya funcionan en la vía pública, cuyas imágenes habían sido cedidas por el gobierno de Mauricio Macri a los canales de televisión, según publicó días atrás Página/12. De esta manera, se multiplican los ojos que vigilan, en los espacios públicos, tanto a los potenciales autores de delitos como a los ciudadanos comunes.
De acuerdo con la licitación pública 298/11, los edificios públicos bajo vigilancia se dividen en cuatro zonas, que fueron adjudicadas a otras tantas empresas o uniones transitorias de empresas (UTE). Las mismas deben construir e instalar un centro de monitoreo que estará ubicado en la Dirección de Custodia y Seguridad de Bienes del gobierno porteño, en Venezuela 1445.
La licitación fue adjudicada el 29 de abril de este año, mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.
Pero había generado preocupación en algunas escuelas tiempo antes, cuando funcionarios del gobierno porteño y representantes de las empresas preadjudicatarias se presentaron para revisar las instalaciones eléctricas, con vistas a la instalación de los equipos. La sorpresa de directivos y docentes indicaría que el servicio no fue pedido al menos por esos sectores. Tal situación motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo. Ayer, ante una consulta de este diario, el Ministerio de Educación prefirió no opinar sobre el tema, por lo que se desconoce si desde esa cartera se reclamó el servicio.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño sostienen que las cámaras, en las escuelas, no estarán encendidas durante el horario de clases, sino después de la finalización de las mismas. Las imágenes detectadas permanecerán grabadas al menos durante 30 días, de acuerdo con el contrato.
Los “objetivos” distribuidos en las cuatro zonas son 330. Entre ellos hay 32 hospitales, 24 centros de salud (Cesac) y 90 edificios escolares, incluidos 17 jardines y otras tantas escuelas secundarias. Entre ellas se encuentran el Otto Krause, el Fernando Fader, el Instituto Bernasconi y el Lenguas Vivas. Las cámaras también serán instaladas en el Teatro Colón, en los cementerios de Chacarita y Recoleta y en el Parque Indoamericano
También serán vigilados con cámaras tres ex centros clandestinos de detención: Automotores Orletti, Club Atlético y El Olimpo, administrados por Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad.
“Si se utilizan las cámaras para preservar el lugar, la medida es correcta. Pero hay que tener cuidado de que no se utilicen para hacer Inteligencia, ya que son lugares donde se suelen realizar asambleas de vecinos y organizaciones sociales”, advirtió la legisladora Gabriela Alegre (Frente para la Victoria).
De acuerdo con el pliego, los sistemas de vigilancia electrónica comprenderán “dispositivos, censores, paneles y equipos auxiliares” que transmitirán las señales de alarma a los centros de monitoreo. También se integrará un Circuito Cerrado de Televisión “para la verificación de alarmas”, con “capacidad de grabación y guarda de las imágenes durante 30 días como mínimo”.
En cuanto al personal de seguridad, prestarán servicios en los objetivos asignados “durante las 24 horas, todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados”. El pliego aclara que también “deberán prestar servicios en determinados objetivos por fuera del ámbito geográfico de la ciudad de Buenos Aires”, que no se precisaron.
“Esto demuestra que la Ciudad no necesita de la Policía Federal para cuidar los edificios, puede hacerlo con la Metropolitana o con seguridad privada”, comentó la diputada María José Lubertino (FpV). La legisladora –quien el año pasado había presentado un pedido de informes cuestionando una anterior licitación, que parecía dirigida a beneficiar a una megaempresa de seguridad– resaltó que el gobierno haya “establecido cuatro zonas y diera participación a empresas que ya venían trabajando en la ciudad”.
La adjudicación benefició a
Líderes Consultores de Seguridad (Zona 1),
Murata SA-Yusion SRL-Verini Security SA (Zona 2),
Comahue (Zona 4) y
Briefing Security SA-Impes SRL (Zona 4).
